Gorki Gonzales Mantilla, Dr. en Derecho por la Universidad de Pisa (Italia) y coordinador de la Maestría en Derecho, con mención en Política Jurisdiccional de
la PUCP, pone el dedo en la llaga de la reforma de la educación jurídica en el Perú, tema que expuso, ante los decanos de todas las universidades del país, como parte de un estudio que le fue encargado por al Academia Nacional de la Magistratura.Cuenta la memoria popular que en cierta ocasión, cuando el General Sánchez Cerro, entonces Presidente de la República, pasaba frente al edificio en construcción de lo que sería el actual Palacio de Justicia, comentó, no sin sardónico afán: “¿No será mucho Palacio para tan poca Justicia? Muchas décadas después, más allá de la infraestructura necesaria, ¿cómo se encuentra la formación académica de los futuros abogados, fiscales y magistrados en cuyas manos recae la difícil tarea de resolver entuertos y consolidar la institucionalidad legal del país?
Esa frase, que se le atribuye a Sánchez Cerro, nos hace recordar que los estudios de derecho en el Perú se desenvuelven en una realidad con profundos problemas de fragmentación social, exclusión y desigualdad.
Y, sin embargo, la formación legal es, al mismo tiempo, el factor predominante del discurso necesario par legitimar las instituciones públicas y su uso instrumental adquiere un significado superlativo cuando se trata de argumentar posiciones para defender intereses en el ámbito de lo judicial.
Entonces…
Ello ha llevado a que entremos al siglo XXI con 38 mil 147 postulantes a Derecho en nuestro sistema universitario; a que existan 98 universidades en nuestro sistema de educación superior; que de las 22 universidades que rige el Conafu, 8 (o sea el 36.36%) tengan como sede Lima; que 14 universidades hayan creado 32 filiales autorizadas en otras zonas distintas a su sede de funcionamiento, y que existan 23 filiales autorizadas que brindan la carrera profesional de Derecho, muchas de las cuales no cuentan ni con un abogado titulado como coordinador, ni con bibliotecas especializadas, ni con syllabus propios, ni con información de la línea de carrera de sus profesores, por poner sólo unos elementos indicativos.
Eso con respecto a las filiales autorizadas; pero ¿qué hay con respecto a las no autorizadas?
Por supuesto que el panorama no queda ahí. Existen casos como el de la Universidad Alas Peruanas, que ofrece estudios de Derecho en filiales no autorizadas por el Conafu en Abancay, Cajamarca y Cusco. También está la Universidad Privada San Pedro, que ofrece la carrera de Derecho sin autorización del Conafu en Huacho, Huaraz y Caraz. Y no debe pasar desapercibido el sutil caso de las denominadas subsedes en Puno e Ilave de la universidad Néstor Cáceres. En fin, más allá de las cifras, el panorama que presentan las denominadas filiares es dramático.
Con ese número de facultades de Derecho, ésta debe ser la carrera más poblada del país…
En efecto. Sobre un total de 53 facultades de Derecho, existen 54 mil 954 alumnos matriculados en Derecho en todo el país. Sin embargo, conviene analizar a las facultades de Derecho que tiene mayor número de postulantes a la carrera judicial.
De las 53 facultades de Derecho existentes, sólo 10 aportan el 83.26% de los miembros de la judicatura del país.
Eso con respecto a las facultades. ¿Qué hay con respecto al contenido curricular que se imparte en ellas?
Además de los problemas expuestos, debemos tener claro que, históricamente, el carácter de la enseñanza jurídica en el país ha buscado servir como instrumento de una concepción formalista, heredera de la codificación europea del siglo XIX. Es, pues, una tradición donde prevalece la exégesis de las normas legales, con una escasa, marginal o nula preocupación sobre las relaciones entre el Derecho y la vida social.
Tal vez por ello Manuel Gonzales Prada sentenció con una frase lapidaria: "En la abogacía, como en un sepulcro voraz e insaciable, se han hundido prematuramente muchas inteligencias, quizá las mejores del país", en alusión a la falta de espíritu crítico que imperaba.
Sí. Sin embargo, así como la cultura jurídica que practica una dogmática sin crítica ha servido para crear un escenario teñido de exclusión, basado en el formalismo , también puede contribuir a establecer las bases de una cultura democrática desde el ejercicio de la función judicial, es decir, desde el papel del juez.
¿Es esa la importancia del rol del abogado en la sociedad actual?
En Occidente y en nuestros países, los abogados cumplen un rol fundamental con respecto a la Democracia. Esta se sostiene en los Derechos, y los abogados cumplen una función estratégica en la configuración del significado y sentido de estos Derechos. Los abogados son jueces, fiscales, notarios públicos, abogados, etc.; en suma, son quienes terminan dándole sentido a las instituciones jurídicas que legitiman el sistema político. No entender la relación que existe entre la formación legal del abogado y el papel que desempeña en la sociedad, es negar la realidad. En otras palabras, las facultades de Derecho no sólo forman abogados; también tienen incidencia en la manera en que se estructura el sistema, la Democracia y los Derechos.
Por todo esto, las facultades de Derecho tienen una responsabilidad institucional fundamental que, diría yo, involucra incluso la esfera política, no sólo por el tipo de labor que realizan, sino también por el tipo de producto (los abogados y su rol social) que resulta de su actividad
¿Cómo hacerlo?
En principio, se debe destacar el esfuerzo de la Academia de la Magistratura por reflexionar sobre el problema y propiciar acuerdos en el sistema educativo jurídico que canalicen lo ya diagnosticado por la CERIAJUS en su Plan Estratégico para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. Ese es un paso importante hacia el cambio.
Luego, el paso no deja de ser largo y, con seguridad, tortuoso. Se hace indispensable, por ejemplo, ajustar la normatividad relativa a la creación de universidades y filiales. Supervisar su correcto funcionamiento e, incluso, clausurar las filiales de las universidades que funcionan en forma irregular. Se hace necesario constituir un sistema de acreditación universitaria que asegure altos niveles de calidad en la formación jurídica, normar el sistema de reclutamiento de profesores de Derecho e instituir un régimen homogéneo de la carrera docente.
¿Y en cuanto a la enseñanza misma del Derecho?
Se debe poner fin a la perspectiva formalista, codiguera, amparada en manuales descriptivos y acríticos. Se debe romper con el formalismo jurídico y propiciar la afirmación de valores democráticos desde la perspectiva del Estado Constitucional.
En fin, reconceptualizar la función del docente de Derecho es modelar la nueva cultura jurídica del país. Esa es la piedra de toque de una Reforma Judicial profunda y verdadera. Eso implica acercar el Derecho a la Realidad.
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